Cada vez es más frecuente que un progenitor que ostenta la guarda y custodia de un hijo menor reciba una oferta de trabajo en otra ciudad o comunidad autónoma que supone una importante mejora profesional y económica.
Sin embargo, cuando ese traslado implica cambiar el domicilio habitual del menor, la decisión no puede adoptarse unilateralmente si ambos progenitores conservan la patria potestad.
En estos supuestos surge una de las cuestiones que con mayor frecuencia llega a los tribunales de familia: ¿puede el progenitor custodio trasladar su residencia y la del menor sin el consentimiento del otro progenitor? La respuesta es no, la guarda y custodia no permite decidir unilateralmente
La guarda y custodia faculta para adoptar las decisiones cotidianas relativas al cuidado del hijo, mientras que la patria potestad, que normalmente siguen ejerciendo ambos progenitores tras el divorcio o la separación, comprende las decisiones de especial trascendencia para la vida del menor.
Entre ellas se encuentra el cambio de residencia cuando dicho traslado afecta de forma significativa a la relación del menor con el otro progenitor o dificulta el cumplimiento del régimen de visitas.
Por ello, si ambos progenitores mantienen la patria potestad, el cambio de domicilio a otra localidad, provincia o comunidad autónoma requiere, con carácter general, el consentimiento de ambos.
¿Qué ocurre si el otro progenitor se opone?
Cuando no existe acuerdo, el progenitor custodio no debe trasladar al menor de forma unilateral.
La legislación prevé un procedimiento específico para resolver estas discrepancias en el ejercicio de la patria potestad. Será el juez quien, atendiendo exclusivamente al interés superior del menor, decida si autoriza o no el cambio de residencia.
No se trata de valorar únicamente el interés del progenitor que desea trasladarse, sino de determinar si el cambio resulta beneficioso para el hijo y compatible con el mantenimiento de una relación estable con el otro progenitor.
Entre los factores que el juez valorará para autorizar o no ese cambio de residencia destacan:
- La verdadera necesidad del traslado y si responde a una oportunidad laboral real y acreditada.
- La mejora económica y profesional que supondrá para la unidad familiar.
- La edad del menor y su grado de adaptación al entorno actual.
- El arraigo escolar, familiar y social.
- La distancia entre ambos domicilios.
- La posibilidad de reorganizar el régimen de visitas para mantener una relación frecuente y de calidad con el progenitor no custodio.
- La actitud de ambos progenitores y su capacidad para favorecer la relación del menor con el otro.
- La opinión del menor cuando tenga suficiente madurez y, en todo caso, cuando legalmente proceda su audiencia.
En definitiva, el juez realizará una ponderación de todos los intereses en conflicto, otorgando siempre prioridad al interés superior del menor.
¿Qué sucede si el progenitor custodio se traslada sin autorización?
Trasladar al menor sin el consentimiento del otro progenitor o sin autorización judicial puede tener importantes consecuencias jurídicas.
Entre otras:
- La obligación de restituir al menor a su lugar de residencia anterior.
- La adopción de medidas judiciales urgentes.
- La modificación de las medidas relativas a la guarda y custodia.
- Incluso, en determinados supuestos especialmente graves, la posible relevancia penal de la conducta.
Además, una actuación unilateral puede ser valorada negativamente por el juzgado al evidenciar una falta de respeto hacia el ejercicio conjunto de la patria
Los procedimientos sobre cambio de residencia de menores exigen un estudio individualizado de cada familia. No existen soluciones estándar, ya que cada decisión judicial depende de las circunstancias concretas del caso.
En nuestro despacho asesoramos tanto a progenitores custodios que necesitan trasladarse por motivos laborales como a progenitores que consideran que dicho cambio puede perjudicar la relación con sus hijos. Analizamos la viabilidad jurídica de cada situación, intentamos alcanzar acuerdos que eviten un procedimiento contencioso y, cuando ello no es posible, defendemos los intereses de nuestros clientes ante los tribunales, siempre con el objetivo prioritario de proteger el interés superior del menor.
